Propone senadora Alejandra León  sancionar a quien construya sin permiso ambiental 

CDMX a 9 de febrero de 2020 (Política en Movimiento).- Con el fin de garantizar el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, la senadora Alejandra León Gastélum propuso ampliar el catálogo de delitos ambientales y sancionar hasta con 4 años de prisión y tres mil días de multa las conductas que atenten contra el ecosistema.

CDMX a 9 de febrero de 2020 (Política en Movimiento).- Con el fin de garantizar el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, la senadora Alejandra León Gastélum propuso ampliar el catálogo de delitos ambientales y sancionar hasta con 4 años de prisión y tres mil días de multa las conductas que atenten contra el ecosistema.

Al presentar una iniciativa que reforma el artículo 420 quater del Código Penal Federal, la senadora por Baja California detalló que el objetivo es sancionar a quien  realice por sí o a través de terceros cualquier tipo de obras de infraestructura sin contar con las autorizaciones, manifestaciones de impacto ambiental, permisos, licencias, estudios previos necesarios o cualquier otra documentación similar ante las autoridades correspondientes que de acuerdo a la presente ley sean requeridos para iniciar su construcción.

En tribuna, la senadora de la fracción del Partido del Trabajo, enfatizó que actualmente en el Código Penal Federal, en su título vigésimo quinto, correspondiente a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, no se encuentra una sanción clara o explícita contra quien realice el acto anteriormente señalado,

Por lo que una persona física o moral tendría más posibilidades de subsanar sus faltas pagando multas relativamente menores o por un mandato administrativo o judicial posterior que puede resultar insuficiente en términos preventivos o de reparación de daños al ambiente.

León Gastélum recordó que desde el 2012, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su Artículo 4º el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y el bienestar de las personas.

Desde entonces se cuenta con un marco normativo complementario como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático, el Código Penal Federal, diversas Normas Oficiales Mexicanas y otros cuerpos normativos de orden estatal y municipal en materia medioambiental.

Sin embargo, “este marco jurídico no debe de considerarse acabado, sino debe d seguirse ampliando y fortaleciéndose cuanto sea necesario. Sobre todo, si consideramos que la procuración e impartición de justicia medioambiental es uno de los asuntos en los que el Estado mexicano se ha visto incapaz de cumplir sus objetivos” apuntó la senadora Alejandra León.

Resaltó que un delito ambiental es un delito contra el bien común, la salud de las personas y la vida de otras especies; incluso contra la estabilidad económica y social de una región.

Por lo que resulta necesario endurecerse las penas impuestas a quienes cometan conductas que pongan en peligro el equilibrio ecológico, sustentabilidad de nuestros ecosistemas y recursos naturales.

Finalmente, dijo que es una obligación moral hacer todo lo posible para que las injusticias y la imprudencia de hoy no consuman nuestras esperanzas mañana y para que las próximas generaciones no sean las que paguen por nuestros errores.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.

 

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