La diputada Claudia Báez Ruiz (Encuentro Social) propuso exhortar a los congresos locales que no han tipificado el delito de pederastia en sus códigos penales a que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, evalúen la necesidad de hacerlo, dados los altos índices de casos que se han presentado en este delito.

Este día quedó integrado el Grupo de Trabajo para el Análisis del Delito de Feminicidio conformado por 12 diputadas y diputados, quienes se coordinarán con la Fiscalía General de la República (FGR) para definir la ruta a seguir en la tipificación de ese delito.

La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) propuso endurecer la pena de cárcel por el delito de amenazas y que, en caso de que se cometa contra una mujer, la sanción aumente una tercera parte y se dicten medidas de protección, con el objetivo de salvaguardar su integridad y evitar peores expresiones de violencia.

La diputada de Encuentro Social, Claudia Báez Ruiz, pidió exhortar al titular de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal (SSPC) para que, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ordene la inspección, revisión y confiscación de celulares en los centros penitenciarios.

El senador Martí Batres, propondrá que la extorsión, en cualquiera de sus modalidades, se integre al listado del Catálogo de Delitos que Ameritan Prisión Preventiva Oficiosa por ser una de las actividades ilícitas que más afecta a la sociedad del país.​

El coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, a través del diputado César Agustín Hernández Pérez, presentó una iniciativa para modificar el artículo 19 constitucional, a fin de incluir a la extorsión dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, al ser el segundo ilícito que genera con mayor frecuencia una gran cantidad de víctimas en el país.

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el Código Penal Federal para tipificar como delito las lesiones contra la mujer en razón de su género, con penas que van de 10 años de prisión, como mínimo, y hasta 20 años cuando entre el agresor y la víctima haya existido una relación sentimental o cualquiera que implique subordinación o superioridad.

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