Poder Judicial está en deuda con mujeres en prisión: ministra

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que el Poder Judicial está en deuda con las mujeres en prisión, quienes con frecuencia son castigadas por conductas consideradas moral o sexualmente desviadas.

CDMX a 19 de noviembre de 2019 (Noticias México).- La ministra Norma Lucía Piña Hernández, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que el Poder Judicial está en deuda con las mujeres en prisión, quienes con frecuencia son castigadas por conductas consideradas moral o sexualmente desviadas.

No necesariamente se les encierra por la comisión de un delito, sino por la existencia de estereotipos perjudiciales, muchos de ellos consagrados en las propias leyes, además de sofocarlas por un exceso de protección, expuso durante el ciclo «Mujeres privadas de la libertad».

A reafirmar el compromiso de la Suprema Corte para que ejerzan sus derechos en términos constitucionales y convencionales, comentó que las mujeres privadas de libertad son víctimas de violencia y obstáculos para ejercer sus derechos más básicos.

El informe que hoy se presenta, dijo, es muy claro: se les encierra en prisiones, centros de detención, hospitales e instituciones psiquiátricas y centros de atención, así como en sus lugares de trabajo y su propia vivienda.

Son privadas de libertad a mano del Estado, pero también por miembros de la comunidad, familiares, compañeros sentimentales, cuidadores, empleadores y grupos delictivos o armados, alertó.

Piña Hernández advirtió que la situación es alarmante, porque las mujeres enfrentan obstáculos inimaginables para poder ejercer sus derechos más básicos, por lo que el poder judicial, insistió, está en deuda con ese sector.

En ese sentido, comprometió que el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, que encabeza, no habrá de abandonar esta lucha hasta lograr que las mujeres ejerzan sus derechos en los términos que mandata la Constitución.

En tanto, Arturo Bárcena Zubieta, director general de Derechos Humanos de la Suprema Corte, consideró que la impartición de justicia requiere una transformación profunda que deje atrás estereotipos y prácticas discriminatorias hacia la mujer en general y, en particular, a las privadas de libertad.

El Poder Judicial de la Federación debe consolidarse como garante de los derechos de las mujeres. En México, el número de mujeres privadas de la libertad por la comisión delito contra la salud es escandaloso, luego de una interacción poco deseable con el sistema de impartición de justicia, añadió.

Según los datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), hasta 2012, el 80 por ciento de las mujeres sentenciadas en prisión fueron condenadas por ese tipo de delitos.

La mayoría de sus condenas están relacionadas por delitos de bajo impacto como transporte, posesión y consumo de drogas. Ello demuestra, argumentó, que las mujeres están consideradas en los niveles más bajos del narcotráfico.

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