CNDH pide al Senado concretar el Sistema Anticorrupción

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su preocupación por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar instituciones y los valores de la democracia, ética y justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, toda vez que la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan, por año, alrededor de 1,26 billones de dólares para los países en desarrollo, y en el caso de México llega a los 347,000 millones de pesos al año, lo que significa el 9% Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con cifras de Forbes.

CDMX a 10 de diciembre de 2019 (Maya Comunicación).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su preocupación por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar instituciones y los valores de la democracia, ética y justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley, toda vez que la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan, por año, alrededor de 1,26 billones de dólares para los países en desarrollo, y en el caso de México llega a los 347,000 millones de pesos al año, lo que significa el 9% Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con cifras de Forbes.

Asimismo, la corrupción es un obstáculo para la erradicación de la pobreza, al desviar los fondos destinados al desarrollo, socavar la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, incrementa la desigualdad y la impunidad; y, en términos económicos, desalienta la inversión y los apoyos extranjeros.

En ocasión del Día Internacional contra la Corrupción –9 de diciembre—, la CNDH saluda la aprobación, por la Cámara de Diputados, del dictamen que reforma el artículo primero transitorio del “Decreto que modifica el Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción”.

Es de destacarse que si bien, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, el nivel de percepción de la corrupción en México ha venido en descenso en los últimos meses, el reto sigue siendo enorme. Para efectos comparativos, el documento presenta los porcentajes de la encuesta de 2017, año en el cual 61% de los mexicanos respondió que la corrupción había aumentado, mientras que en 2019 este porcentaje ha caído al 44 por ciento. Y en contraposición, en 2017 sólo el 6% dijo que había disminuido, mientras que en 2019 el porcentaje es del 21 por ciento, cifra que es alentadora pero aún no suficiente, porque sólo se trata de percepción, y aunque es indicativa de un ambiente social propicio, las condiciones para introducir cambios, lo más importante es la implementación de acciones positivas que reduzcan de manera efectiva la corrupción.

Contar con información sistematizada, un marco jurídico funcional y articulación interinstitucional son esenciales para alcanzar diversas metas que forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre ellas la meta 16.5 reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas; 16.6 crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; y 16.10 garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

Por consiguiente, es apremiante que el Gobierno Federal y los gobiernos locales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial, las organizaciones internacionales y la academia sumen esfuerzos en esta lucha, y por lo que respecta a la Plataforma Digital Nacional, se efectúen las acciones necesarias para su implementación, de tal modo que permita contar con los datos necesarios para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción.

Sobre todo, resulta indispensable abrirle paso a una cultura de la legalidad y de combate efectivo a la impunidad, que garantice la plena vigencia del Estado de Derecho en México.

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